Agricultura como señal política: Boric, la FRVS y la lógica de la unidad electoral

Columna de opinión por Alan Sepúlveda Rodríguez, académico de la Universidad Central.

Esta semana, el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura y único representante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en el gabinete. La decisión respondió al quiebre electoral de su partido, que junto a Acción Humanista inscribió una lista parlamentaria paralela, rompiendo la unidad promovida por La Moneda y la candidatura de Jeannette Jara. El hecho trasciende lo sectorial, constituye una señal de disciplina interna, donde los cargos ministeriales se usan como recursos de cohesión en contextos de campaña.

La medida no obedece a fallas de gestión, sino a la lógica del sistema electoral D’Hondt, que castiga la fragmentación y obliga a preservar la unidad para asegurar escaños. En ese marco, el gabinete se convierte en un mecanismo de enforcement político, premia lealtades y sanciona desviaciones. En el oficialismo, la salida de Valenzuela buscó reafirmar la primacía de la lista pro-Jara; en la FRVS, fue leída como castigo y alimentó un discurso de victimización, con Jaime Mulet calificando la decisión de “torpeza casi infantil”. La oposición, en cambio, la interpretó como muestra de desorden y cuoteo político.

El subsecretario Alan Espinoza, abogado con larga trayectoria técnica en el ministerio, asumió como subrogante, asegurando continuidad administrativa en un sector clave. Su perfil transmite estabilidad y reduce el costo operativo en áreas sensibles como exportaciones, incendios y gestión hídrica, aunque confirma que el objetivo central fue político más que programático.

Este episodio se inscribe en una práctica habitual en gobiernos de coalición, los ministerios funcionan como moneda de coordinación y control, más que como simples carteras técnicas. La pregunta abierta es si la señal disciplinaria logra reordenar al oficialismo y blindar el voto rural, o si, por el contrario, inaugura un ciclo de tensiones que fragilice tanto la campaña como la gobernabilidad. En última instancia, la medida será juzgada no por su justicia, sino por su eficacia en reducir la entropía electoral sin deteriorar la capacidad estatal en áreas críticas para el país.