Chile rural: desafíos que persisten, soluciones que avanzan

Opinión de Andrea García Lizama, Directora Nacional de ODEPA.

Desde 2020, nuestro país cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), iniciativa clave para avanzar en la mejora de la calidad de vida y las oportunidades de quienes habitan los territorios rurales. La actual administración ha tenido la importante tarea de poner en marcha la mencionada política, gestión que ha procurado tener un sello con foco en tres aspectos fundamentales.

El primero de estos desafíos tiene que ver con superar las miradas fragmentadas y sectoriales para adoptar una comprensión más integral y contextual del territorio. Esto implica reconocer las dinámicas urbano-rurales y las particularidades locales en el diseño de las políticas públicas. Un avance importante en esta dirección ha sido la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), que reemplaza a los antiguos consejos urbano y rural, integrando a actores públicos y privados en un espacio de gobernanza más amplio. Este consejo ha impulsado recomendaciones clave, como la incorporación del enfoque territorial en el Sistema Nacional de Inversiones, el reconocimiento de la interfaz urbano-rural en la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la promoción de la pertinencia territorial en las políticas públicas. También ha contribuido al desarrollo de un marco conceptual más amplio para comprender la ruralidad en Chile, superando las definiciones obsoletas que limitan su alcance.

El segundo gran desafío es la descentralización. A pesar de la enorme diversidad y riqueza de los territorios, el poder político, económico y administrativo continúa fuertemente concentrado en Santiago. Esta centralización no solo limita el desarrollo del país en su conjunto, sino que restringe gravemente el potencial transformador de las zonas rurales. La implementación de la PNDR ha buscado corregir esta situación mediante una estrategia construida desde los territorios. Desde 2021, se ha trabajado junto a los Gobiernos Regionales para diseñar 16 planes regionales de desarrollo rural, uno por cada región del país. Estos instrumentos permiten orientar la acción pública en función de los desafíos específicos de cada territorio. Para que esta estrategia sea efectiva, es indispensable que los Gobiernos Regionales cuenten con mayores competencias, recursos financieros y capacidades institucionales que les permitan llevar adelante políticas coherentes con sus realidades.

El tercer desafío tiene que ver con la necesidad de construir agendas intersectoriales. La falta de articulación entre ministerios y niveles de gobierno ha sido una debilidad estructural del Estado chileno durante décadas. Sin coordinación, las intervenciones públicas tienden a duplicarse, fragmentarse o simplemente no responder a las necesidades reales de las comunidades. En este sentido, uno de los avances recientes más relevantes ha sido la presentación del Plan Nacional Convergente para el Desarrollo Rural ante la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT). Este plan busca operacionalizar la PNDR mediante una agenda de trabajo coordinada entre 14 ministerios, con 22 iniciativas prioritarias para abordar brechas recurrentes en los territorios rurales: acceso a agua, saneamiento y electricidad; conectividad física y digital; calidad en salud y educación; despoblamiento y falta de oportunidades para los jóvenes; así como la ausencia de ordenamiento territorial, entre otras. Con un horizonte de implementación de cinco años, este plan busca pasar del diagnóstico a la acción concreta, con una lógica colaborativa y multisectorial.

El camino hacia un desarrollo rural sostenible, inclusivo y justo es largo y desafiante, pero no imposible. La PNDR ha sentado una base valiosa, pero su éxito dependerá de la voluntad sostenida por parte del Estado para avanzar en estos tres frentes clave. La persistencia de brechas estructurales exige mantener y profundizar los esfuerzos iniciados, involucrando activamente a los gobiernos regionales, las comunidades locales, el sector privado y la sociedad civil. Solo mediante una visión integral, una presencia efectiva en los territorios y una acción verdaderamente colaborativa, podremos garantizar que el desarrollo y la calidad de vida lleguen a todos los rincones del Chile rural.