Cámara de Diputados y Diputadas aprueba en forma unánime uso de fondos para el riego en casos de catástrofes y emergencias

El proyecto, que pasa al Senado y fue aprobado en forma unánime solo con una abstención, incorpora nuevos mecanismos y exigencias que permitan abordar de manera más oportuna los efectos adversos producidos por una situación excepcional de escasez hídrica o catástrofe.

La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la Ley 18.450, que administra la Comisión Nacional de Riego y que tiene por objetivo facilitar su aplicación en casos de catástrofes y emergencias.

Esta modificación busca establecer mecanismos y exigencias que permitan abordar de manera más oportuna y efectiva los daños o efectos adversos producidos por una situación excepcional.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó que esta aprobación es muy buena, ya que “acabamos de aprobar en forma unánime en la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto que es muy importante y que consista en permitir que la Comisión Nacional de Riego (CNR) pueda actuar rápido en los casos de emergencia agrícola y de estados de catástrofe. Esto es muy importante porque el ciclo de bonificación a las asociaciones de regantes y a los agricultores por parte de la CNR, es un ciclo de un año y necesitamos actuar más rápido en los casos de emergencia como lo logramos hacer el 2023”.

Con esta propuesta, la CNR podrá emprender acciones destinadas a atenuar los efectos de la catástrofe tanto si hay una declaración de zona afectada por sismos o catástrofes o una declaración de emergencia agrícola por los efectos de daño productivo. Igualmente, para restablecer de manera oportuna los servicios o adaptar la infraestructura de riego a las condiciones imperantes en la zona.

Las facultades también serán aplicables en las comunas respecto de las cuales el Ministerio de Agricultura hubiese declarado una emergencia agrícola debido a la existencia de daños a la infraestructura de riego o de eventos de contaminación que afecten significativamente su funcionamiento y que generen perjuicio a productores agrícolas o habitantes rurales.