Proyecto de Ley de Suelos: una alerta nacional ante la degradación del territorio

Con más del 60% del territorio afectado por erosión, el Ejecutivo impulsa una Ley Marco de Suelos que busca proteger este recurso clave para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la resiliencia climática del país.

Chile enfrenta un escenario crítico en materia ambiental. La degradación progresiva de los suelos, asociada a contaminación, incendios forestales y prácticas productivas intensivas, dejó de ser un problema técnico para instalarse como una prioridad estratégica a nivel país. En este contexto, el Ejecutivo ingresó indicaciones sustitutivas al Proyecto de Ley Marco de Suelos, con el objetivo de establecer un marco regulatorio integral para su protección y recuperación.

La iniciativa reconoce al suelo no solo como un insumo productivo, sino como un componente esencial del medioambiente, clave para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Contexto ambiental y vacíos históricos

El impulso al proyecto se produce en una semana marcada por contingencias ambientales relevantes, como la demanda del Estado contra operaciones mineras en Puchuncaví por contaminación con metales pesados y la creciente preocupación por los efectos de los incendios forestales en la degradación química del suelo en la zona centro-sur.

A ello se suma una histórica falta de información científica sistematizada, que ha dificultado la planificación territorial y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Política Nacional y gobernanza del suelo

Uno de los pilares del proyecto es la creación de una Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo, que estaría liderada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Este organismo cumpliría un rol articulador entre los distintos servicios públicos, evitando la dispersión institucional y fortaleciendo la implementación efectiva de las medidas.

La propuesta incorpora además un enfoque territorial, mediante la conformación de cinco comisiones macrozonales, integradas por autoridades regionales, académicos y representantes de la sociedad civil, con el fin de adaptar las políticas a las realidades locales.

Catastro y evidencia científica

El proyecto contempla la creación de un Catastro Nacional de Suelos, herramienta clave para identificar zonas vulnerables, funciones ecosistémicas y niveles de degradación, con acceso público y gratuito.

Al respecto, el gerente general de GB Cinco Ambiental, José Manuel Bellalta, valoró el avance legislativo señalando que “Chile arrastra pasivos ambientales históricos que requieren una gestión basada en la evidencia. La implementación de un Catastro Nacional de Suelos permitirá cartografiar zonas vulnerables y funciones ecosistémicas de forma pública y gratuita”.

Institucionalidad y proyección futura

La iniciativa también considera la creación de un Instituto del Suelo en un plazo de cuatro años, lo que permitiría fortalecer la gobernanza, mejorar la coordinación intersectorial y facilitar el acceso a financiamiento internacional asociado a desarrollo sostenible y acción climática.

Según Bellalta, el proyecto entrega mayor certeza jurídica y ambiental, incorporando guías técnicas para suelos con posible presencia de contaminantes y alineando los instrumentos de fomento con criterios de resiliencia climática.

Desafíos para su implementación

El éxito de la futura ley dependerá de su capacidad para armonizar los intereses de los sectores agrícola, forestal, ambiental y productivo, asegurando que la protección del suelo no sea un obstáculo, sino una base para el desarrollo sostenible.

Con las indicaciones presentadas en enero de 2026, el Gobierno busca sentar las bases de una política de largo plazo que resguarde el suelo como patrimonio estratégico del país, proyectando su conservación para las futuras generaciones.